Publicado el 13.12.2017 en
LAICIDAD IGNORADA
Cuando hablamos de laicidad, básicamente nos referimos a la
separación total de las instituciones religiosas y el Estado.
Dado que la sociedad se caracteriza por el pluralismo:
Pluralidad de razas, de culturas, de lenguas, de tipos de familia, de nacionalidades, .. y también de creencias religiosas (incluida
la no creencia), el Estado debería abordar sus actuaciones en esta materia,
desde la más estricta y exquisita neutralidad.
Hace aproximadamente una año, escribía en estas mismas
páginas sobre la no laicidad de las instituciones valencianas, con multitud de
simbología religiosa católica en Les Corts, consellerias, ayuntamientos,
ambulatorios, colegios públicos,....
Pasado el año, todo sigue igual. Las razones que se aducen
de entrada, las que afloran en superficie, las más socorridas, las que apenas
admiten réplica, son: Que no es el momento y que se trata de un tema cultural y
de tradición.
¿Y porque no es el momento ?. Quienes tienen que aprobar las
leyes, quienes han de obrar con neutralidad en materia religiosa, son los
políticos, personajes que a lo lago de los tiempos han demostrado, sobradamente,
que su primera preocupación son los votos. Y claro, con la que está cayendo de
paro, desahucios, pobreza económica, contratos basura, corrupción, Cataluña, .....
lo que menos importa ahora es la laicidad del Estado, y en conclusión, dado que
es un tema del que no hay votos que sacar, ningún político mueve un dedo.
Curiosamente, cuando como ciudadanas de a pie, conseguimos, oh milagro, hablar con estos
personajes de la política, individualmente, de uno en uno, al menos todos los
que se autoetiquetan de progresistas, están de acuerdo en que la laicidad es un
instrumento para hacer más libre la sociedad, más democrática, más justa puesto
que el laicismo respeta derechos,
pero elimina privilegios.
¿Qué transformación
ocurre cuando estas individualidades se reúnen en sus comités centrales, sus
comités federales o sus consejos ciudadanos para que lo que individualmente
está claro, es justo y necesario, en colectividad se rechaza o simplemente se
ignora ?.
¿Qué ocurre para que la voluntad colectiva de los partidos
políticos difiera totalmente de la voluntad individual de sus componente?. ¿Es
el miedo a perder el cargo o enfrentarse a los aparatos, la mediocridad, nos
mienten cuando individualmente dicen apoyar la laicidad?.
El otro socorrido argumento al que recurre la clase política
para no actuar en pos de la laicidad, es que las manifestaciones religiosas son
cultura y tradición, curiosamente los mismos argumentos que usa la España
retrógrada y cañí, para justificar la tauromaquia, o sea, la tortura y muerte
de animales con el único objetivo del divertimento.
Si hubiera una cultura crítica, entenderíamos que en lugares públicos, la neutralidad ha der
exquisita para que, precisamente, todas las personas (independientemente de sus
creencias o no creencias) puedan sentirse a gusto y no tener que soportar
la particular simbología de los unos y
los otros.
Si hubiera cultura sólida, reconoceríamos que todas las
religiones exigen tolerancia a sus manifestaciones públicas y dicen sentirse
perseguidas cuando no tienen el poder político, pero son intolerantes hasta la
médula en aquellos lugares donde si tienen ese poder.
Si hablamos de tradiciones, y dado que éstas muchas veces sirven
de excusa para justificar multitud de actos aberrantes, no deberíamos usarlas
de pretexto para exhibir en lugares públicos, unos ritos, unas costumbres, una
simbología que practica, va dirigida, o es del agrado, sólo de una parte de la
sociedad. Y no sirve el argumento que esa parte de la sociedad es mayoritaria,
porque si algún día los musulmanes son mayoritarios, ¿qué vamos a hacer? ¿el
ramadán o la matanza del cordero en el salón de cristal del ayuntamiento?
La verdad es que después de tantos años, el movimiento laicista ya no espera nada de
esta generación política, pero consideramos nuestra obligación el seguir
insistiendo en que la laicidad es un instrumento indispensable para obtener un
orden político basado en derechos y obligaciones ciudadanas comunes a todos, y
no en identidades étnicas, nacionales, lingüísticas o religiosas.
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